«Los conocimientos y las herramientas metodológicas de la economía pueden ser utilizadas con gran provecho para analizar y resolver problemas jurídicos». Así nos los explica el codirector del Diploma de Especialización en Análisis Económico del Derecho de la Universitat de València, el catedrático de Derecho Administrativo y Procesal de la Facultat de Dret, Gabriel Doménech.
Domónech ahonda en el estudio del análisis económico del derecho (AED) y cómo éste se ha convertido en el movimiento académico hegemónico en Estados Unidos. Algo que ha despertado un alto interés por el mismo «no sólo por su intrínseca utilidad, sino también por nuestra querencia a emular lo que se está haciendo en las universidades y en los bufetes más prestigiosos».
Ello, como remarca Doménech, ha propiciado la aparición de una considerable demanda de formación en esta materia. «La globalización y, en particular, la facilidad con la que ahora, desde cualquier parte del mundo, cualquiera puede acceder a las fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales estadounidenses ha contribuido enormemente a la difusión de esta cultura y, a la postre, del AED».
«El AED es enormemente útil para la práctica y la teoría del derecho. El AED permite conocer, explicar y predecir cómo interacciona el sistema jurídico con la realidad, esto es, cuál es o puede ser el impacto del derecho sobre dicha realidad y viceversa», indica el catedrático Doménech.
Este postgrado de especialización enseñará a analizar, desde una perspectiva económica, las instituciones jurídicas de mayor relevancia para la práctica profesional: contratos, responsabilidad civil, propiedad, litigación, sociedades, derecho penal, derecho público y derecho regulatorio.
Como se explica desde la dirección del postgrado, el AED ayuda a saber cómo reaccionarán las personas frente a las normas jurídicas, qué consecuencias tendrá esa reacción para el bienestar social y cómo pueden afectar diversos factores sociales al contenido de esas normas. El AED permite evaluar si una solución jurídica constituye los incentivos adecuados para que sus destinatarios se comporten de manera que se maximice la satisfacción de ciertos fines. Además, el AED puede y, eventualmente, debe ser empleado para aplicar e interpretar el ordenamiento jurídico vigente y precisar cuál es la solución que el mismo prescribe para un caso concreto.
