Mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica. Esos son los objetivos del nuevo Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo).
Hemos hablado sobre este reciente reglamento con Concepción Campos, secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo y codirectora de Red Localis, que ha impartido uno de nuestros webinars gratuitos para desgranar las novedades de esta norma.
El nuevo reglamento –explica Concepción Campos– pretende, sobre todo, desarrollar la aplicación de las leyes conocidas como ‘siamesas administrativas’, las Leyes 39 y 40 de 2015, y “se queda corto en sus objetivos”.
Sólo de la mano de las personas, que son las que construyen el servicio público, saldrán adelante las necesarias reformas del actual modelo de gestión pública.
Corto –matiza– no porque esos objetivos no sean los adecuados, sino por los medios que contempla para alcanzarlos. Sin negar que el marco legal de administración electrónica es mejor que sin el reglamento, son “manifiestamente mejorables”, asegura, en un momento en el que la transición digital se erige como un pilar clave de la recuperación económica, y no sólo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. “Toca ser valientes y dar un paso más para avanzar porque la transformación digital ya no tiene excusas, ya no las tenía antes, pero tras la pandemia del Covid19, mucho menos”, asevera la experta.
El canal electrónico se ha demostrado como imprescindible y necesario para toda la sociedad y también para la administración, que debe garantizar a la sociedad el acceso a los servicios públicos, también por la vía electrónica. En ese sentido, destaca la incorporación de las redes sociales como un canal de acceso a los servicios electrónicos. También la apuesta por una administración usable, personalizable y proactiva, en la que la interoperabilidad se convierte en la clave de bóveda para hacerlo fácil y evitar que la implantación de administración electrónica se traduzca simplemente en “burocracia digital”.
Puntos débiles de la nueva normativa
¿Cumple las expectativas de lo que se esperaba de este reglamento? Según nos explica Concepción Campos, se esperaba más de nueva normativa. Más –subraya– porque la norma se dicta en el año 2021, y del mismo modo que ya en el 2015 echábamos de menos la referencia a herramientas generalizadas como las redes sociales, en el 2021 se echan de menos referencias a la inteligencia artificial, al blockchain, a la implementación de los RPA (Robot Process Automation).
Pero también –añade– se echan a faltar referencias a las personas que deben hacer posible esta transformación, al refuerzo a las competencias digitales de los empleados públicos, y a todas las personas que son interlocutoras electrónicas con la administración, que necesitan una mayor sensibilización y conocimiento. «Sólo de la mano de las personas, que son las que construyen el servicio público, saldrán adelante las necesarias reformas del actual modelo de gestión pública», concluye.
